¿Banca en familia? Nombramientos cruzados reavivan alerta por conflictos de interés en el Banco Nacional y el Banco Popular

¿Banca en familia? Nombramientos cruzados reavivan alerta por conflictos de interés en el Banco Nacional y el Banco Popular

Una misma casa, dos sillas de poder y una pregunta inevitable: ¿puede un matrimonio ocupar simultáneamente los órganos de dirección de dos bancos estatales que compiten por mercado, depósitos y créditos?

El Consejo de Gobierno del presidente Rodrigo Chaves así lo decidió. En setiembre de 2022 designó a Nidia Solano Brenes como representante estatal en la junta directiva del Banco Popular (BP). Este 28 de mayo, tras destituir fulminantemente a la directiva del Banco Nacional (BN), nombró a su esposo, Alejandro Alberto Solórzano Mena, como uno de los siete nuevos directores del mayor banco público del país.

Cómo se llegó aquí

  1. Remoción exprés en el BN. El Gobierno cesó a toda la junta por considerar “ilegítimo” el nombramiento de la gerente Rosaysella Ulloa y juramentó a los sustitutos tres horas después.
  2. El giro familiar. Entre los nuevos directores apareció Solórzano Mena, pareja de Solano Brenes, quien permanece en el órgano de dirección del BP.
  3. Bancos rivales. Tanto el BN como el BP compiten por cuentas de ahorro, captación institucional, préstamos hipotecarios y fiduciarios.

¿Dónde podría estar el conflicto?

El Acuerdo Conassif 15-22 exige a cada entidad supervisada políticas internas para “identificar, prevenir y gestionar” conflictos de interés reales, potenciales o aparentes. El Acuerdo 4-16 de Gobierno Corporativo ordena, cuando el conflicto no pueda mitigarse, que el director revele la situación y se abstenga de votar. De lo contrario, se considera que carece de idoneidad.

Un mismo hogar con acceso a estrategias, proyectos sensibles y metas comerciales de dos bancos rivales crea la apariencia –al menos– de información privilegiada compartida.

Qué dicen los bancos

  • Banco Nacional: “La idoneidad y ausencia de conflicto es responsabilidad del Consejo de Gobierno; cumplimos la ley bancaria”, respondió su Secretaría General.
  • Banco Popular: reconoce el vínculo matrimonial y analiza si amerita medidas para “asegurar una adecuada gestión y solución”. Destaca la “trayectoria transparente” de Solano Brenes y remite a su Código de Buen Gobierno.

Las hojas de vida

  • Nidia Solano Brenes – exviceministra de Trabajo (área de Economía Social), exdirectora del intervenido Infocoop y del desaparecido Bancrédito; asesora en economía social.
  • Alejandro Solórzano Mena – exgerente de la operadora de pensiones Vida Plena y ex consejero delegado del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores.

Ambos cuentan con experiencia financiera, pero la coincidencia en órganos competidores es inédita desde la reforma bancaria de los 1990.

Voz experta

El exsuperintendente de bancos Javier Cascante enfatiza que la independencia de criterio es la piedra angular:

“El problema no es que exista un matrimonio, sino cómo se mitiga la posibilidad de intercambio de información sensible. Si no hay muro ético efectivo, la idoneidad se cuestiona y la Superintendencia debe intervenir”.

Próximos pasos y posibles escenarios

EscenarioAcción esperadaImplicación
Mitigación internaBP y BN aprueban políticas de recusación cada vez que un tema pueda afectar al banco competidor.Reduce riesgo, pero no elimina percepción pública de favoritismo.
Renuncia o remociónUno de los cónyuges dimite si se confirma conflicto insalvable.Restituye confianza, evita cuestionamientos de competencia desleal.
Supervisión externaSugef revisa idoneidad y puede recomendar destitución al Consejo de Gobierno.Marca precedente de control sobre nominaciones políticas.

Transparencia versus influencia

Para los críticos, el doble nombramiento refuerza la narrativa de un Ejecutivo que centraliza el control sobre bancos estatales. Para el Gobierno, se trata de “profesionales calificados” y de confianza. Entre ambos discursos subyace una cuestión de fondo: la gobernanza de entidades que manejan más de ₡16 billones de ahorros de ciudadanos y del Estado.


Conclusión. La banca pública costarricense enfrenta un nuevo test de buen gobierno corporativo. La forma en que el BN y el BP gestionen —o desactiven— este potencial conflicto de interés definirá no solo la credibilidad de sus juntas directivas, sino la confianza de clientes, inversionistas y reguladores en un sistema financiero ya sacudido por destituciones relámpago y señalamientos de injerencia política.

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