Un expediente judicial revelado esta semana expone que Celso Gamboa, exmagistrado y exministro de Seguridad, se habría integrado en agosto de 2019 a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. La información, contenida en documentos del caso judicial conocido como Turesky, contradice versiones anteriores del Gobierno sobre su presunto desconocimiento de los vínculos de Gamboa con el narcotráfico.
Según el expediente, Gamboa fue reclutado por los líderes del grupo debido a su conocimiento legal, su influencia dentro del sistema judicial y su resentimiento tras su salida de la función pública. En una conversación interceptada por autoridades, uno de los cabecillas afirmó que Gamboa “conocía a jueces y tenía gente adentro de la Corte”, lo cual lo hacía valioso para proteger operaciones logísticas y legales del grupo.
Acusaciones graves y vínculos sostenidos
El documento sostiene que Gamboa no fue un colaborador periférico, sino un presunto actor central dentro de la estructura criminal. Su participación incluyó supuestamente asesoría legal directa, manejo de información estratégica y recepción de pagos que, según testigos protegidos, oscilaron entre $500,000 y $2 millones. También se le vincula como operador del Clan del Golfo en Centroamérica, uno de los grupos narcos más violentos de la región.
El expediente forma parte de las evidencias que sustentan la solicitud de extradición de Estados Unidos, la cual fue ejecutada por la Policía Judicial y la DEA el pasado junio. Gamboa fue capturado en una propiedad en Escazú, supuestamente vinculada al narcotraficante Alejandro James Wilson, señalado como líder del grupo.
Contradicciones oficiales y tensiones institucionales
La revelación añade presión al Ejecutivo, en particular al presidente Rodrigo Chaves y su equipo de seguridad. Aunque el mandatario ha insistido en que no conoce a Gamboa y niega cualquier tipo de relación, otras informaciones señalan que fue informado en marzo de 2023 sobre la comunicación continua entre el exmagistrado y el entonces ministro de Justicia, Gerald Campos.
Campos, quien ha reconocido el contacto, defendió su vínculo argumentando una relación profesional previa. Sin embargo, el director del OIJ, Randall Zúñiga, ha advertido públicamente sobre el riesgo institucional de mantener comunicación con una persona que ya era objeto de una investigación de la DEA.
El oficialismo ha transitado de reconocer los nexos entre Gamboa y figuras del gobierno a justificar esos contactos, postura que ha generado críticas de sectores políticos y ciudadanos que exigen rendición de cuentas.
Una historia aún en desarrollo
La investigación contra Celso Gamboa continúa su curso, mientras la solicitud de extradición avanza en tribunales costarricenses. Por su parte, el Ministerio Público no ha descartado que otros funcionarios —actuales o pasados— puedan estar involucrados directa o indirectamente en la red narco.
Este caso, por su gravedad y por el nivel de figuras implicadas, podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica y en el debate público sobre la transparencia y los controles dentro de las estructuras del Estado.
