El miércoles 28 de mayo, poco antes de las 3:00 p. m., la Presidencia de la República sacudió el sistema financiero costarricense: anunció la destitución total de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) –el banco público más grande del país– y la juramentación, apenas tres horas después, de siete nuevos directores afines al Ejecutivo.
La movida, justificada por un “nombramiento irregular” de la gerente general Rosaysella Ulloa Villalobos, disparó preguntas inmediatas: ¿corren riesgo los ahorros? ¿hubo injerencia política? ¿qué tan legal fue el procedimiento? Esto es lo que se sabe, lo que se cuestiona y lo que viene.
1. ¿Debo preocuparme como cliente?
El propio Banco Nacional emitió un comunicado de emergencia asegurando que todas las cuentas, créditos y servicios continúan operando con normalidad y que la entidad mantiene sus indicadores de solvencia y liquidez. No hay señales de fragilidad financiera; el cambio es –por ahora– puramente de gobernanza.
2. El trasfondo: presiones y un gerente “incómodo”
- Septiembre 2024. La anterior junta, apoyada por la firma cazatalentos Doris Peters & Asociados, nombró a Rosaysella Ulloa –banquera con 33 años de carrera interna– como gerente general.
- Entre octubre y diciembre. Según exdirectivos, Casa Presidencial envió correos e instrucciones verbales pidiendo frenar el proceso y considerar a “dos candidatos de interés”: uno interno y uno externo “cercano” al presidente Rodrigo Chaves.
- Mayo 2025. El vicepresidente Stephan Brunner concluye una investigación paralela, sin participación de Sugef ni Conassif, y recomienda destituir a la junta por falta de “transparencia”. Ese informe sigue sin hacerse público.
Un exdirector destituido lo resumió así: “La verdadera razón es que no aceptamos nombrar a un amigo del presidente”.
3. ¿Fue legal la destitución?
Tres especialistas coinciden en que no:
| Experto | Especialidad | Señalamiento |
|---|---|---|
| Marvin Carvajal | Derecho constitucional | Brunner carece de competencia para investigar y recomendar ceses; el Consejo de Gobierno debió nombrar un órgano independiente. |
| Rubén Hernández | Derecho constitucional | La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional confiere autonomía a las juntas; el Ejecutivo no puede intervenir salvo causa probada y debido proceso. |
| Eduardo Ramírez | Derecho bancario | La destitución viola la independencia prevista para las entidades financieras estatales. |
Los exdirectores ya preparan recursos ante la Sala IV y el Tribunal Contencioso Administrativo buscando la nulidad del decreto y su eventual reinstalación.
4. Nuevo directorio… y nuevo conflicto potencial
Los sustitutos –Anabelle Chaves, María Brenes, María Solórzano, Noylin Cruz, Maximiliano Alvarado, Rolando Saborío y Alejandro Solórzano Mena– estarán “en forma temporal” hasta que Casa Presidencial elija una junta definitiva.
El nombramiento de Solórzano Mena abrió otra polémica: su esposa, Nidia Solano Brenes, representa al Estado en la junta del Banco Popular, competidor directo del BNCR. Ambos bancos analizan si existe conflicto de interés y la Sugef podría intervenir si determina falta de idoneidad.
5. El préstamo de US$100 millones y el video borrado
En la juramentación rápida –video que Casa Presidencial subió y borró en minutos– el presidente Chaves ordenó a los nuevos directores “revisar” un crédito de US$100 millones a “una empresa vinculada al poder político tradicional”.
Los directores salientes aseguran que nunca discutieron ese expediente porque los préstamos superiores a US$1 millón los analiza un comité técnico, no la junta. Hasta hoy, ni Presidencia ni el banco han aclarado de qué operación se trata.
6. El sindicato y los trabajadores
El Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana) exigió el informe completo que motivó el cese y recordó que la estabilidad de los directores es un derecho protegido por la Ley Bancaria. A la vez, llamó a la “serenidad” y advirtió que cualquier destitución sin causa comprobada viola el debido proceso.
7. ¿Qué podría pasar ahora?
- Recursos legales. Si la Sala IV admite un amparo y dicta medida cautelar, la nueva junta podría quedar suspendida.
- Fiscalización. Sugef y Conassif analizaban el jueves la legalidad de los nombramientos y el eventual conflicto de interés del matrimonio Solano–Solórzano.
- Auditoría interna. El BNCR activó controles para demostrar que la operación diaria y los depósitos no están en riesgo.
- Impacto reputacional. Fitch y Moody’s monitorean la gobernanza; cualquier señal de injerencia política sostenida podría presionar la calificación de riesgo del banco y del país.
Conclusión
Por ahora los clientes no verán cambios en cajeros, plataformas ni tasas. El verdadero campo de batalla será jurídico e institucional: si los tribunales confirman que la destitución violó la autonomía bancaria, el caso se convertirá en un precedente clave sobre los límites del poder político en las finanzas públicas.
La próxima semana promete más revelaciones: informes, nombres de candidatos vetados y, tal vez, el misterio detrás del crédito de US$100 millones. El dinero de los costarricenses, entretanto, sigue depositado en la banca estatal… pero la confianza en su gobernanza se juega a puertas (y videos) cerradas.
